Madrid
La ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, presentada como la reparación histórica a los judíos expulsados de Sefarad (España) hace 524 años, corre el riesgo de saldarse con un fiasco. Como lo fue el decreto de Primo de Rivera al que en los años veinte del pasado siglo solo se acogieron 3.000 sefardíes. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, el 1 de octubre de 2015, solo una persona ha obtenido la nacionalidad española en base a la misma, mientras que las socilicitudes son 2.424, muy lejos de las decenas de miles previstas.
“Puede haber hasta medio millón de personas que puedan considerarse sefardíes en el mundo, pero parece que menos de 100.000 acabarán solicitando finalmente el pasaporte español”, declaraba en enero pasado a EL PAÍS el director de la Unión Sefardí Mundial, José Benarroch. Sus cálculos parecían avalados por la avalancha de peticiones de información que recibieron los consulados españoles, especialmente en Israel, cuando se anunció que España estaba dispuesta a reparar la injusticia histórica cometida con los judíos que fueron expulsados de Castilla y Aragón por los Reyes Católicos en 1492 y se dispersaron por el norte de África, los Balcanes o el Imperio Otomano.
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